Con la llegada de Joe Biden al poder, Estados Unidos se ha planteado una ruta con grandes inversiones en el impulso la electromovilidad y combatir el cambio climático. Entre las metas más importantes señaladas por la administración demócrata se encuentra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país en más de una gigatonelada para 2030.
Además, la Casa Blanca ha emprendido acciones para ser más asequible para los consumidores ahorrar en sus propias facturas de energía con créditos fiscales a través de, por ejemplo, la instalación de paneles solares y la climatización de sus hogares.
El pasado 8 de agosto de 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, dirigido a los ámbitos de impuestos, clima y salud. La nueva legislación, dotada con 433.000 millones de dólares incluye ayudas de 7.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos.
La normativa detalla, además, que para los vehículos de segunda mano la subvención será de 4.000 dólares. Cabe destacar que, en cuanto a precio, no todos los coches serán subvencionables. Quedan excluidos los nuevos vehículos de más de 55.000 dólares en caso de turismos y más de 80.000 dólares en caso de furgonetas y todoterrenos.
El punto de discordia
A pesar de que la ley va en consonancia con las políticas que se llevan a cabo desde el Ejecutivo, hay un ítem que genera fricción en el mercado. El texto precisa que, para optar a las ayudas, los vehículos deben ser fabricados en territorio estadounidense y, a partir de 2023, aquellos que cuenten con componentes chinos no podrán recibir las ayudas.
Sobre dicho apartado, la Alianza para la Innovación en la Automoción, que representa a los grupos automovilísticos en el país, criticaron que los requisitos de las desgravaciones fiscales para los vehículos eléctricos provocarán que la mayoría no pueda acogerse a las subvenciones.
De hecho, de los 72 modelos de vehículos eléctricos, entre los que se incluyen 100% eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible, el 70% no cumplirá los criterios al aprobarse el proyecto de ley y todos ellos dejarán de ser elegibles en el momento en el que entren en vigor los requisitos adicionales.
Para los fabricantes, se trata de una “oportunidad perdida en un momento crucial”, asegurando que se ha puesto en peligro el objetivo de alcanzar un 50% de ventas de vehículos eléctricos para 2030.
