Las discusiones y análisis en el marco del «Latam Mobility México 2025» dieron inicio con el panel “Plan de acción ante el nuevo escenario de la descarbonización en la Movilidad Sostenible en México”, un diálogo de alto nivel que reunió a secretarios de estado y representantes internacionales para analizar el marco regulatorio y las políticas públicas necesarias para impulsar una transición efectiva del transporte.
El debate, moderado por Adriana de Almeida Lobo, Managing Director del World Resources Institute (WRI), contó con la participación de Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México; Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de la Ciudad de México; Manuel Herrera, secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco; y Gabriela de la Torre, Head of Zero Emission Vehicles en LATAM para C40 Cities.
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De la coordinación a la integración metropolitana
La sesión inició con un análisis sobre la necesidad de una visión de movilidad que trascienda la electromovilidad y aborde un ecosistema diversificado.
Al respecto, Daniel Sibaja destacó la urgencia de entender la Zona Metropolitana del Valle de México como una gran metrópolis. “El Estado de México debe copiar las buenas prácticas de la Ciudad de México. Tenemos un atraso de 35 o 40 años, lo que vemos como una oportunidad para implementar sistemas de movilidad en un corto plazo”, afirmó.
Sibaja presentó el sistema “Movimix” del Estado de México, basado en la intermodalidad, la gratuidad de transbordos y la integración tarifaria. Resaltó hitos como la conexión en Indios Verdes, donde los usuarios pueden utilizar la tarjeta de movilidad de la CDMX en sistemas como el Metro, Metrobús, Mexibús y Cablebús.
“La movilidad empieza a ser una movilidad metropolitana interconectada y ahí está el gran reto”, señaló, anunciando una inversión de alrededor de 10.000 millones de pesos en tres nuevas líneas de BRT (Bus Rapid Transit) para el estado.
Por su parte, Héctor Ulises García propuso evolucionar del concepto de coordinación metropolitana a uno de integración en una “gran megalópolis”. Enfatizó que la visión de la Ciudad de México se centra en fortalecer el transporte público, renovar el parque vehicular hacia lo eléctrico y fomentar la micromovilidad con una expansión significativa de ciclovías.
“El planteamiento nuestro es si es necesario avanzar más allá de la coordinación en una integración. Hoy ya no existen barreras físicas ni territoriales porque la movilidad las traspasa”, declaró.
García detalló proyectos clave como la construcción de cinco nuevas líneas de Cablebús, la renovación de líneas de trolebús, la duplicación de la capacidad del Tren Ligero y la modernización del Metro, con el objetivo de crear una “movilidad inteligente” que incluya semaforización adaptativa y uso de datos para una planeación flexible.
Garantizar el suministro para la electromovilidad
El panel también abordó uno de los mayores cuellos de botella para la transición: la infraestructura energética.
Manuel Herrera, representante de Jalisco, explicó que la demanda energética se ha disparado a nivel global, convirtiéndose en un factor decisivo para la atracción de inversiones. “Hoy la primera pregunta de las inversiones para llegar a una ciudad es si hay energía y si hay agua”, afirmó.
Herrera expuso los tres objetivos de la nueva Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco: garantizar el suministro energético, incrementar la competitividad con energías renovables y acelerar la transición para disminuir emisiones.
Anunció que las nuevas líneas de Tren Ligero en Guadalajara (Línea 4 y la futura Línea 5 al aeropuerto) operarán con energía renovable y al 100% eléctrica, respectivamente.
Además, destacó el potencial de la generación distribuida y el autoconsumo, permitidos por la nueva legislación, para impulsar la infraestructura de carga. “Tenemos que garantizar el suministro para la electromovilidad. Las líneas de transmisión se están saturando”, advirtió.
Oportunidades climáticas y económicas
Gabriela de la Torre, representante de la red C40 Cities, aportó una perspectiva regional y destacó que la electromovilidad debe ser un medio, no un fin, dentro de una visión de ciudad centrada en las personas.
“Necesitamos esa visión de ciudad que esté centrada en las personas. Y para que esté centrada en las personas tiene que ser responsiva a las necesidades”, señaló.
Enfatizó que la transición representa una oportunidad para la formalización del sector transporte, la generación de empleos verdes y el desarrollo económico.
Citó como ejemplos los programas de Brasil y Colombia, donde los gobiernos federales han establecido mecanismos de cofinanciamiento y metas ambiciosas para la descarbonización del transporte público y de carga.
“La electromovilidad es una oportunidad muy grande que tiene el sector transporte para su formalización. Eso implica una transición completa institucional, política, de su gobernanza”, afirmó.
Enfoques de cara al futuro
En la ronda de cierre, los panelistas coincidieron en la necesidad de incrementar la ambición y la colaboración.
Daniel Sibaja reiteró la disposición del Estado de México para aprender de las buenas prácticas y construir un modelo de gestión exitoso, mientras que Héctor Ulises García subrayó que el enfoque debe estar en transformar los más de 34,7 millones de viajes diarios en la metrópolis a través de una movilidad inteligente e integrada.
Por su parte, Manuel Herrera recalcó los cuatro ejes de Jalisco: garantizar que la electromovilidad use energía limpia, promover la reconversión vehicular, migrar las flotas gubernamentales y aprovechar el ecosistema tecnológico local para generar innovación y empleo.
Finalmente, Gabriela de la Torre hizo un llamado a pensar la movilidad con una “lente climática”: “Tenemos que ser mucho más ambiciosos y apostar por tecnologías 100% cero emisiones. La meta es que las personas tengan un mejor aire limpio, ciudades menos congestionadas y sistemas de transporte más eficientes”.
El panel concluyó con un mensaje unánime: la descarbonización del transporte en México es un imperativo climático y una poderosa palanca para mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad económica y la justicia social, requiriendo una acción concertada y audaz entre todos los niveles de gobierno y el sector privado.
