Chile y Paraguay coinciden en que la gobernanza coordinada es el pilar fundamental para avanzar hacia una movilidad sostenible
En el marco del «Latam Mobility Cono Sur 2026«, se llevó a cabo el primer panel titulado «Integración de la Movilidad Sostenible en el Conosur: Gobernanza y articulación para una agenda regional compartida», donde destacadas autoridades de Chile y Paraguay analizaron los desafíos y oportunidades para avanzar hacia sistemas de transporte más limpios, eficientes e inclusivos.
El panel, moderado por Paola Tapia Salas, directora de Transferencia del Center for Advanced Transportation, Logistics, and Economic Competitiveness (CATLEC), reunió a Eduardo Koffmann, director nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas de Chile; Emiliano Fernández, viceministro de Transporte de Paraguay; Marta Cabeza Vargas, superintendenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); y Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo de Chile.
La apertura del panel estuvo marcada por un mensaje de solidaridad y resiliencia, al recordar los recientes terremotos que afectaron a Colombia y Venezuela, y la necesidad de incorporar dichos fenómenos en el diseño de políticas de movilidad sostenible, junto con la inteligencia artificial y la ciberseguridad como herramientas para el futuro.
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Coordinación intersectorial: el gran desafío de la gobernanza pública
La moderadora Paola Tapia planteó el eje central del debate: ¿cómo abordar la movilidad sostenible desde una gobernanza coordinada entre los distintos sectores? La pregunta apuntó a superar la usual fragmentación de las políticas públicas, donde cada ministerio «defiende su parcela» en lugar de articular una visión integral.
En su respuesta, Eduardo Koffmann diagnosticó que la rigidez de los marcos regulatorios en los países de tradición romana, como Chile, dificulta la coordinación, en contraste con los sistemas anglosajones más flexibles. No obstante, anunció una innovación institucional inédita en la región: la creación del Comité Interministerial de Infraestructura, presidido por el Ministerio de Obras Públicas y con secretaría técnica en la Dirección de Planeamiento.
Este comité, que reúne a 12 ministerios, tiene como objetivos poner de acuerdo al sector público en el desarrollo de proyectos de inversión, evitando casos como «un hospital sin camino de acceso o viviendas sociales sin urbanización», destrabar proyectos agilizando la permisología y, en última instancia, construir un pipeline de proyectos estratégicos de largo plazo que trascienda los periodos de gobierno.
«Nuestro gran sueño es que las necesidades de inversión no dependan de quién grita más fuerte en política, sino de criterios técnicos, económicos y estratégicos«, afirmó Koffmann, quien además invitó a CATLEC a participar como observador académico del proceso.
La experiencia de Paraguay: estabilidad macroeconómica como base para la reforma
Por su parte, el viceministro de Transporte de Paraguay, Emiliano Fernández, compartió la experiencia de su país, que se encuentra en pleno proceso de reforma del sistema de transporte público, con un enfoque claro en el bienestar del ciudadano.
Fernández destacó que Paraguay cuenta con un patrimonio intangible: la estabilidad macroeconómica, con inflación controlada (3-4% anual), crecimiento sostenido por encima del promedio regional y una deuda pública que no supera el 35% del PIB.
A ello se suma un activo estratégico de primer nivel: la represa de Itaipú, la más grande del mundo en generación de energía limpia, que otorga al país una matriz eléctrica 100% renovable y un costo de energía de solo 5 centavos de dólar por kWh, muy inferior al de otros países de la región.
«Tenemos una ventaja base muy importante para impulsar la electromovilidad», enfatizó, al tiempo que anunció que Paraguay ya cuenta con 90 buses eléctricos en circulación y se espera sumar 40 más en el corto plazo, pasando de los 2 unidades de hace dos años a más de 120. Además, el país cuenta con una nueva ley de transporte, aprobada tras 20 años, y se encuentra en la fase final de redacción de la primera licitación para la incorporación masiva de buses eléctricos.
Fernández también hizo un llamado a no perder de vista la ecuación de sostenibilidad de la alianza público-privada, que debe equilibrar tres variables: la asequibilidad para el pasajero, la rentabilidad para el sector privado y la sostenibilidad fiscal para el Estado. «No es solo comprar buses, es un proceso de implementación que debe responder a muchos elementos más allá de la compra», subrayó.
El rol técnico de la SEC: seguridad, calidad e información para el usuario
La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, destacó el trabajo institucional que ha permitido a Chile avanzar en electromovilidad con altos estándares de seguridad y calidad. Recordó que la SEC, organismo del Ministerio de Energía, sumó a su mandato legal la dimensión de accesibilidad, y creó una unidad especializada en sostenibilidad para abordar los desafíos de la transición energética.
Cabeza enfatizó que la electromovilidad debe ser atractiva para el usuario final: «El desafío principal hoy no es de infraestructura ni de tecnología, sino cómo hacemos que el usuario quiera elegir la electromovilidad«.
En esa línea, puso en valor el desarrollo de herramientas como la aplicación Ecocarga, creada por la SEC junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, que permite a los conductores localizar en tiempo real los puntos de carga disponibles en el país.
También destacó que Chile cuenta con la electrolinera más grande de Latinoamérica y que toda la infraestructura de recarga debe pasar por procesos de certificación de seguridad. Invitó a los asistentes a visitar el sitio web de la SEC para acceder a cursos, guías técnicas y videos explicativos sobre instalaciones de carga en hogares, edificios y vías públicas.
Vivienda y Urbanismo: planificación ciudadana al servicio de las personas
La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, puso el acento en el rol del Estado al servicio de las personas y en la necesidad de que los proyectos habitacionales no sean soluciones aisladas, sino que se articulen con transporte, obras públicas y otros servicios.
«No basta con dar soluciones habitacionales, hay que ser capaces de entregar servicios, accesos y mejorar la calidad de vida«, señaló.
Explicó que el Ministerio de Vivienda ha ampliado su foco más allá de los sectores vulnerables, llegando también a la clase media, con medidas como el congelamiento del IVA por 12 meses y el aumento de los topes de vivienda a 6.000 UF.
Aguilar reconoció que la electromovilidad es un tema relevante para los nuevos proyectos urbanos, pero advirtió que la prioridad del ministerio sigue siendo la vivienda social, sin que ello implique descuidar la articulación con otras carteras.
Además, subrayó que la transformación del transporte debe ir de la mano de una responsabilidad fiscal que no comprometa otras inversiones públicas.
Financiamiento y nuevos modelos de negocio: la clave de la transición
En la última ronda de preguntas, la moderadora Paola Tapia consultó a los panelistas sobre los desafíos del financiamiento y las nuevas alianzas público-privadas.
Eduardo Koffmann abordó el caso del transporte de carga, donde la decisión de adoptar camiones eléctricos es completamente privada. Explicó que, aunque el costo por kilómetro del camión eléctrico es menor en su ciclo de vida, la normativa chilena que limita el peso máximo a 40 toneladas penaliza al eléctrico porque las baterías pesan hasta 3 toneladas, encareciendo el costo por tonelada-kilómetro. «El incentivo actual está a no pasarse al eléctrico», reconoció.
Para resolverlo, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transportes están realizando un estudio para flexibilizar la norma de carga máxima, lo que permitiría que el sector privado elija el eléctrico por conveniencia económica y no por mandato estatal.
Emiliano Fernández complementó esta visión, insistiendo en que la transición requiere ver el costo total de propiedad (12 a 13 años), no solo el precio inicial, y que el retorno debe calcularse también en términos de beneficios sociales y ambientales. «La electromovilidad es más barata en la vida del proyecto, pero hay que demostrarlo con números al ministro de finanzas», afirmó.
Marta Cabeza cerró el panel destacando la importancia de la información para la toma de decisiones y el rol de la SEC en la certificación de infraestructura, mientras que Natalia Aguilar reiteró el compromiso del Ministerio de Vivienda con una planificación urbana integrada que contemple la electromovilidad sin perder de vista su misión principal.
Una agenda regional compartida
El diálogo de este primer panel reafirmó una convicción compartida: la movilidad sostenible es un pilar fundamental para el desarrollo equitativo y sostenible de América Latina.
Las experiencias de Chile y Paraguay demuestran que, pese a las diferencias institucionales y de contexto, es posible construir puentes de colaboración que potencien los avances de cada país.
La creación de espacios de gobernanza coordinada y las reformas estructurales son pasos firmes hacia una región más conectada, limpia y justa.
Pero este es solo el comienzo. La invitación está abierta para que más actores se sumen a este movimiento en el «Latam Mobility México 2026«, que tendrá lugar los 12 y 13 de octubre en Ciudad de México.
Allí, gobiernos, empresas, academia y sociedad civil seguirán tejiendo la red de colaboración que hará de la movilidad sostenible una realidad en todo el continente. El optimismo no es ingenuidad: es la certeza de que, trabajando juntos, el cambio es posible.
