La Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) de Costa Rica publicó un informe en el cual señala que el país dispone de 16.000 vehículos eléctricos, al multiplicarse la flotilla de 233 que rodaban hace 14 años.
La nación obtuvo solo en 2023 más autos de nueva energía que en el período comprendido entre los años 2018 y 2022, precisó esa organización adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía.
El director ejecutivo de la Aivema, Carlos Aguilar, explicó que los primeros cinco meses de este año significaron un crecimiento de casi un 100 % del mercado de vehículos eléctricos en relación con 2023.
“Esto significa que cada día más consumidores se suman a la movilidad eléctrica, pues toman conciencia de la reducción de las emisiones de gases en beneficio del ambiente, pero también se benefician desde el punto de vista económico”, agregó Aguilar.
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Según Aivema, los usuarios ven la reducción de gastos derivados de su uso diario ya que la carga eléctrica es más barata que el combustible fósil, y en el largo plazo el mantenimiento del vehículo eléctrico es menor y menos frecuente que en los de combustión.
Incentivos y legislación
El Gobierno de Costa Rica promulgó en 2018 la llamada Ley de incentivos para la movilidad eléctrica. En el documento oficial se declara de interés público la promoción del transporte eléctrico, público y privado, para cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios internacionales ratificados por el país.
La legislación busca promover políticas para dar a conocer el transporte eléctrico en el país, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de la promoción de sus beneficios en: mejoras tecnológicas vehiculares, energías limpias, eficiencia energética, disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) y ahorro económico para los usuarios al no consumir combustible, así como cualquier otra que determine el reglamento de esta ley.
Asimismo, permite fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para el uso del transporte eléctrico, insertándola en una acción ambiental pública, para optimizar e integrar coherentemente los esfuerzos y los recursos de las instituciones de la Administración Pública, las empresas públicas y las municipalidades en esa materia.
