Durante los días 4 y 5 de junio, Medellín se convirtió en el epicentro de la movilidad sostenible en Latinoamérica con la celebración del «Latam Mobility Colombia 2025«, un encuentro que congregó a tomadores de decisiones, autoridades gubernamentales y expertos internacionales, y que destacó por su enfoque en soluciones para la descarbonización del transporte.
El panel titulado «Cofinanciación de flotas eléctricas en transporte urbano de pasajeros«, moderado por Helmer Acevedo, investigador del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), y contó con la participación de Andrés Plazas, líder en Electromovilidad del Ministerio de Transporte de Colombia;María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio; Nicolás Rincón, director de Infraestructura y Energía Sostenible de DNP, y Viviana Tobón, directora técnica de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad de Medellín.
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Soluciones adaptadas a las particularidades
María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, señaló que las ciudades intermedias no deben partir desde cero, sino basarse en los aprendizajes y costos ya optimizados en Bogotá, donde la operación eléctrica ha demostrado ser más económica que la de gas. Además, enfatizó «la necesidad de acompañamiento técnico y gubernamental para adaptar soluciones a las particularidades de cada territorio, sin replicar modelos de manera rígida».
Durante su intervención, Ortiz resaltó la relevancia de estructurar proyectos financieramente viables, con claridad en las condiciones contractuales y fuentes de pago definidas. Mencionó que «la separación de responsabilidades entre provisión de activos y operación ha sido clave para TransMilenio, permitiendo la entrada de actores especializados y reduciendo riesgos».
La Gerente de TransMilenio hizo hincapié en que los sistemas de transporte público requieren subsidios para garantizar su sostenibilidad y calidad, un principio aplicable tanto en Bogotá como en otras ciudades, y destacó que la transparencia en la negociación con el sector privado y el aprendizaje de experiencias previas son pilares para avanzar hacia la descarbonización sin sacrificar la competitividad.
Retos fiscales y regulatorios
Nicolás Rincón, director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP) resaltó que Colombia ya cuenta con instrumentos de política pública, como la hoja de ruta de transición energética y el CONPES de movilidad urbana, que buscan descarbonizar el sector transporte, responsable del 42% del consumo energético nacional.
Desde el DNP, Rincón explicó que el gobierno nacional ha orientado sus estrategias hacia la superación de barreras tecnológicas y financieras para la electromovilidad. Señaló que, aunque el costo inicial de los vehículos eléctricos aún es 40% a 70% más alto que los de combustión interna, se han implementado mecanismos como fondos de cofinanciación, subsidios y programas de chatarrización para facilitar el acceso a estas tecnologías.
También mencionó proyectos emblemáticos cofinanciados por el gobierno, como los metros de Bogotá y Medellín, y destacó la importancia de articular normativas entre los sectores de transporte, energía y ambiente para agilizar la homologación de tecnologías y la implementación de proyectos piloto, como el bus de hidrógeno en Bogotá.
Por otra parte, Rincón reconoció los retos fiscales y regulatorios que enfrentan las ciudades intermedias para adoptar flotas eléctricas, especialmente en términos de sostenibilidad financiera y capacidad institucional. Subrayó que, aunque el gobierno nacional ha destinado recursos para cofinanciar hasta el 70% de estos proyectos, es crucial que los territorios desarrollen fuentes de ingreso alternativas, como rentas territoriales o impuestos verdes, para garantizar la viabilidad a largo plazo.
Modelos de calidad
Viviana Tobón, directora técnica de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad de Medellín, destacó los desafíos únicos que enfrenta la ciudad en su transición hacia la movilidad sostenible. Resaltó que, aunque la ciudad ha avanzado en la integración de sistemas como los cables aéreos y la cultura metro, el 50% de los viajes en transporte público aún dependen de un sistema convencional no integrado.
Tobón enfatizó la necesidad de incorporar este segmento a un modelo de calidad, con especial atención a las complejidades topográficas y operativas de la ciudad, donde la movilidad eléctrica surge como una solución prometedora, pero con retos técnicos y financieros significativos.
Durante su intervención, Viviana Tobón compartió la experiencia positiva de Medellín con su flota eléctrica actual, operada por Metro de Medellín, destacando sus beneficios frente a tecnologías como el GNV. Sin embargo, advirtió que las ciudades intermedias deben primero resolver problemas estructurales, como la formalización de operadores y la sostenibilidad financiera, antes de enfocarse en la electrificación.
Como reflexión final, hizo un llamado a un acompañamiento más robusto del Gobierno Nacional para ciudades con menores capacidades técnicas y fiscales. Tobón propuso explorar tecnologías adaptadas a realidades locales, como buses IMC, y pidió políticas que no solo promuevan la electromovilidad, sino que también fortalezcan la institucionalidad y los sistemas de transporte en su conjunto.
Compromiso con la transición
Andrés Plazas, líder en Electromovilidad del Ministerio de Transporte de Colombia, destacó durante su intervención el compromiso del Gobierno Nacional con la transición energética en el transporte público. Enfatizó la importancia de llevar la electromovilidad a regiones con capacidades técnicas más limitadas, como Sincelejo y Montería, donde proyectos pilotos con buses eléctricos han demostrado reducciones significativas en costos operacionales comparados con tecnologías tradicionales.
Además, Plazas resaltó la colaboración estratégica con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y programas como la Alianza ZEBRA para impulsar la electrificación de flotas, y mencionó el Programa Nacional de Electrificación, que busca implementar 2.940 buses eléctricos en 15 años, como parte de una política integral que incluye requisitos técnicos, financieros y ambientales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
Finalmente, Plazas hizo un llamado a las ciudades intermedias para que aprovechen los mecanismos de cofinanciación y el acompañamiento técnico del Gobierno Nacional, y reconoció los desafíos estructurales, como la necesidad de actualizar planes de movilidad y asegurar fuentes alternativas de financiación, pero insistió en que la normativa vigente, aunque rigurosa, está diseñada para garantizar la viabilidad de los proyectos.
Un compromiso regional
Para cerrar el panel, Helmer Acevedo, investigador del ICCT, indicó que desde la entidad trabajan junto a gobiernos, ciudades y aliados como la Alianza ZEBRA para superar barreras técnicas y financieras, con el objetivo de acelerar la descarbonización del transporte.
«El caso de Colombia, con avances en Bogotá, Medellín y otras ciudades, demuestra que la colaboración entre sectores es clave para materializar proyectos sostenibles y escalables. Sin embargo, el reto ahora es replicar estos éxitos en ciudades intermedias, adaptando soluciones a sus realidades y asegurando financiamiento innovador que garantice equidad y acceso», dijo.
«Las lecciones aprendidas en flotas eléctricas, como las de Bogotá y Medellín, deben servir como hoja de ruta para otras ciudades, pero sin perder de vista desafíos estructurales como la formalización del transporte público y la creación de fuentes de financiamiento estables. La electromovilidad es solo una pieza del rompecabezas; el verdadero éxito radica en integrarla a una visión más amplia de movilidad sostenible que priorice a las personas y reduzca las desigualdades urbanas«, concluyó.
