Basados en cuatro pilares como la sostenibilidad, descarbonización, digitalización y cohesión social y territorial, el gobierno español trabaja para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible.
El principal objetivo de la legislación es crear ciudades que prioricen la movilidad activa y el transporte colectivo, ya que considera que ambas son las opciones más saludables y exentas de emisiones de carbono.
Asimismo, la normativa persigue metas referidas a la movilidad como derecho social, situar al ciudadano en el centro de las políticas públicas, facilitar una movilidad inclusiva y universal, implementar soluciones de movilidad para todas las personas y cubrir las necesidades de movilidad cotidiana.
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Movilidad del futuro
Otros aspectos importantes que están incluidos en el proyecto tienen que ver con la implementación de nuevas tecnologías. En ese sentido, el marco legal contempla conformar un sistema de transporte digital e innovador, impulsar la digitalización del transporte para un mejor servicio al ciudadano, promover la implantación de soluciones innovadoras de movilidad, inversión penando en el bienestar de las personas, entre otros.
Además, los planes tienen como foco priorizar la movilidad activa y micromovilidad, con varias alternativas para peatones y el uso de vehículos livianos como bicicletas o scooters.
Adicionalmente, la ley establecerá la obligación a las administraciones de velar por incentivar y promover soluciones de movilidad más sostenibles. En ese ámbito, se introducirá la obligación a las empresas de más de 500 trabajadores de disponer de planes.
Aprobación a corto plazo
La secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes de España, María José Rallo informó que la intención del Gobierno pasa por aprobar la nueva Ley de Movilidad Sostenible este mismo año.
Aseguró que la movilidad sostenible es un compromiso que hay que hacer transversal a toda la sociedad y reveló que las intenciones del Ejecutivo es que se de el visto bueno a la legislación este mismo mes de noviembre.
Destacó que el texto ya pasó por la revisión de todos los ministerios, y fue entregada a partidos políticos para analizar si existen elementos que puedan generar conflicto.
Una de las principales aspiraciones de esta nueva norma es contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes en el transporte, en línea con los acuerdos internacionales asumidos por España con la ONU, la COP21 de París y con estrategias europeas como el Pacto Verde Europeo.
