En el marco de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) anunciados por el gobierno español, la movilidad eléctrica toma un papel fundamental en la aprobación de recursos.
En este ámbito, las autoridades buscan crear un ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos electrificados y conectados mediante el impulso a la industria del automóvil, para dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y conectada.
Desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se realizó el lanzamiento de la segunda convocatoria de ayudas a municipios para digitalizar y descarbonizar la movilidad, para la que se destinó una partida de 500 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Para el plan, la cartera de transporte determinó cuatro líneas de acción: implementación de zonas de bajas emisiones, transformación digital y sostenible del transporte público colectivo e impulso a la movilidad activa, fomentar la transformación del transporte público de viajeros y mercancías hacia una actividad de cero emisiones y digitalización.
Los proyectos financiables incluyen la construcción de carriles para bicicletas, el despliegue de itinerarios peatonales o la compra de autobuses eléctricos y de hidrógeno. Estos podrán ser financiados en hasta un máximo del 90% de los costos subvencionables, a excepción de la adquisición de autobuses urbanos y vehículos de limpieza cero emisiones, en los que se financia un precio unitario según la categoría del vehículo.
¿Requisitos para recibir los recursos?
Para optar a los fondos, las autoridades españolas han definido una serie de características, entre las que se encuentran municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, así como jurisdiciones de más de 20.000 ciudadanos que cumplan determinadas condiciones. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 29 de septiembre.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Transporte, se valorará «la madurez, la calidad y el impacto» de los proyectos presentados por los municipios, exigiéndose en todo caso la disposición de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el momento de presentar la solicitud. En ese sentido, los planes seleccionados deberán fomentar la movilidad activa, articular un sistema de transporte público urbano más sostenible e introducir un nuevo concepto de movilidad inteligente.
Las autoridades ibéricas explicaron que la convocatoria forma parte de los 1.500 millones que el Gobierno ha destinado a la movilidad sostenible tras superar la etapa más complicada de la pandemia del COVID-19.
