El Gobierno español ha presentado el mapa interactivo de puntos de recarga en España, una herramienta digital que muestra la localización de los cargadores de acceso público para vehículos eléctricos en el país.
La iniciativa fue anunciada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, como parte del impulso estatal a la movilidad eléctrica, que también incluye una renovación de ayudas por 400 millones de euros.
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Concentración en zonas urbanas
Aunque el mapa de puntos de recarga en España indica que el 99% del territorio está a menos de 50 kilómetros de un punto de recarga, también revela desigualdades territoriales significativas.
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran el 60% de los 26.000 puntos registrados, con alta densidad en las principales ciudades. Por ejemplo, solo Cataluña cuenta con 5.000 cargadores, la mayoría en Barcelona.
En contraste, regiones como Asturias, Cantabria y Extremadura muestran un acceso limitado, especialmente en zonas rurales o de difícil geografía como la Alta Garrotxa o los Picos de Europa. Extremadura apenas suma 500 puntos, lo que representa solo el 2% del total nacional.
Problemas de mantenimiento y cobertura incompleta
A lo anterior se suma que muchas instalaciones no están operativas. Según datos de Anfac, el 25% de los cargadores no funciona debido a falta de mantenimiento.
Incluso en áreas bien dotadas, como Girona, algunos puntos permanecen fuera de servicio desde hace meses.
La ministra Aagesen ha señalado que el mapa está en desarrollo y que solo el 80% de los operadores ha reportado su infraestructura. Se estima que la red real supera los 46.000 puntos, según cifras actualizadas por Anfac.
Próximas medidas
Entre abril y junio, el Gobierno planea lanzar un plan de señalización para los puntos fuera de servicio y publicar el cumplimiento normativo de las estaciones de servicio.
Estas acciones buscan mejorar la infraestructura de recarga y facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible.
Con este nuevo instrumento, España busca reducir barreras para los usuarios de vehículos eléctricos y acelerar la implementación de una red más equitativa, especialmente en territorios donde el transporte privado sigue siendo esencial.