Al cierre del 2023, República Dominicana poseía unas 17.542 unidades de vehículos eléctricos, de acuerdo con los registros de importación de la Dirección General de Aduanas.
En un reportaje de Diario Libre, expertos en la materia señalaron que la realidad que ralentiza la movilidad eléctrica es la falta de conocimiento de la población sobre esta alternativa de transporte y el alto costo de adquisición que representa para los conductores.
Edwin Martínez, presidente de la Asociación Dominicana de Movilidad Eléctrica (Asomoedo), resalta que, aunque hay cuestiones a nivel estatal que se pueden mejorar para favorecer la masificación de las propuestas de movilidad sostenible, la principal brecha que se debe superar es la falta de información.
«Son tantas virtudes y bondades que hay detrás de eso (la movilidad eléctrica) que, vuelvo a reiterar: el obstáculo más grande está en la decisión del consumidor», indica en la nota de Diario Libre.
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Capacidad de compra
Oscar San Martín, gerente general de la empresa de transporte Evergo Holdings, dijo a Diario Libre que los costos siguen siendo un problema para los consumidores finales.
«Aunque están entrando al mercado marcas más asequibles y competitivas, los modelos más reconocidos y confiables siguen teniendo un precio significativamente más alto que los vehículos de combustión, lo que continúa siendo una barrera para muchos potenciales compradores», explicó.
San Martín detalló que, a pesar de que la Ley 103-13 ofrece una reducción del 50 % en los impuestos de importación y la primera placa para vehículos eléctricos, los tributos de venta y otros costos asociados a este proceso siguen siendo elevados, lo que limita el beneficio real para el comprador.
Por ejemplo, un sedán eléctrico de 2017, nuevo, de cuatro cilindros y con una velocidad máxima de 178 kilómetros por hora, puede costar 1.008,900 pesos en el mercado local; en cambio, un carro de combustión con esas mismas condiciones costaría alrededor de 745,000 pesos.
El Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica establece una serie de metas para impulsar al sector y que se reduzca la dependencia de vehículos de combustión.
Estos propósitos están agrupados en cuatro ejes que concentran las aspiraciones de ordenamiento jurídico que rigen la materia y las acciones para promover la adopción del parque vehicular eléctrico y atraer inversiones en la infraestructura de carga.
En el caso de penetración de estos vehículos en el mercado, el plan se despliega en dos ambiciosas fases claves con objetivos en los próximos seis y 26 años.