Por Giuseppe Mancinelli, director regional adjunto y representante de UNOPS en México
En un mundo donde la movilidad es esencial para el desarrollo de las ciudades desde el punto de vista de planificación, ordenamiento territorial y de políticas públicas, la seguridad vial se destaca como una agenda global y por ende de interés común, debido a que esa misma movilidad conlleva altos costos sociales y también económicos por los accidentes viales que ocurren a diario.
De acuerdo al informe de iRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras), “El verdadero costo de las colisiones viales, en términos del costo de una fatalidad por siniestro vial, oscila entre el 60 y 80 veces el producto interno bruto y una persona lesionada gravemente puede oscilar entre 17 y 24 veces el producto interno bruto”.
La ONU ha establecido un ambicioso objetivo dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es reducir a la mitad las muertes por accidentes de tráfico para 2030 (objetivo 3, meta 3.6). Este objetivo dio pie para la proclamación por Asamblea General de la ONU del segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 (Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de agosto de 2020; 74/229 Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo).
Este es un llamado a la acción global para abordar este problema apremiante, especialmente para países de ingresos bajos y medios, toda vez que, aún representando menos del 60% de la flota vehicular del mundo, acumulan más del 90% de las defunciones provocadas por el tránsito.
Es importante mencionar que el INSP (Instituto Nacional de Salud Pública) ubica a México como el séptimo lugar a nivel mundial (y tercero a nivel de Latinoamérica), en muertes por hechos de tránsito. De hecho INEGI, reportó que para 2022, hubo en promedio 12 muertos y 250 lesionados al día por siniestros de tránsito.
Cabe señalar que México recientemente publicó la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (ENAMOV) 2023 – 2042, que contiene 7 principios y 5 ejes referentes a Movilidades articuladas, servicio de transporte público, movilidad activa, seguridad vial, género e inclusión. Para lograr estas metas, es esencial un enfoque integral, que ponga en marcha un triángulo virtuoso que contemple: voluntad política, presupuestos suficientes y capacidad de ejecución.
UNOPS trabaja junto a los gobiernos para fortalecer la ejecución de proyectos viales, así como el fortalecimiento de capacidades en el marco de una gestión pública justa y equitativa, a través de proyectos que contemplen seguridad, equidad y resiliencia, pero también mayor valor por el dinero e inclusión en todos las fases del ciclo de vida de los proyectos.
Por ejemplo, en Uruguay hemos brindado asistencia técnica para implementar auditorías e inspecciones de seguridad vial, además de contribuir a la actualización de la normativa correspondiente y ofrecer capacitación en la materia a auditores a nivel nacional en apoyo a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este modelo podría ser aplicable para gobiernos de otros países como México.
Así también, a nivel global fomentamos las alianzas (ODS 17), como la reciente firma con el iRAP para ayudar a mejorar la seguridad vial a través de una evaluación de estrellas a diseños de carreteras, vías construidas o entornos escolares, que resultan en planes de implementación, que ayuden a los gobiernos a tener una clara hoja de ruta de proyectos para ejecutar.
El 19 de noviembre se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, por ello es importante recordar que la seguridad vial es un componente crucial para alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030. La reducción de accidentes y muertes en las carreteras contribuye a objetivos relacionados con la salud, la igualdad y el desarrollo sostenible, pero sobre todo a buscar la seguridad y el beneficio de las personas.
